La escena se repite en el Centro Histórico de Puebla con una normalidad inquietante: espacios “apartados”, confrontaciones verbales y, ahora, agresiones. La reciente violencia contra un equipo de Imagen Televisión Puebla, atacado mientras documentaba el apartado ilegal de lugares, volvió a poner sobre la mesa un problema que el propio Ayuntamiento admite sin rodeos: la cantidad de franeleros es “innumerable” y no existe una vía legal para regularlos sin generar derechos que luego impidan retirarlos.
Así lo reconoció el secretario de Gobernación municipal, Franco Rodríguez, quien condenó los hechos y marcó una línea institucional clara: cero tolerancia a la violencia, venga de quien venga, y sea contra medios de comunicación, ciudadanía o servidores públicos.
Un conflicto que no es aislado
Rodríguez explicó que la agresión a periodistas no es un hecho excepcional, sino el reflejo de un problema estructural que también ha alcanzado a trabajadores del propio Ayuntamiento durante operativos en la vía pública.
Highlights del caso:
- 🔴 Cuatro denuncias por agresiones a inspectores de movilidad.
- ⚖️ Una ya está en proceso de reparación del daño.
- 📂 Tres continúan abiertas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
- 🎥 La reportera y el camarógrafo agredidos presentaron querellas, pese a intentos de reparación del daño por parte de los responsables.
- 🔍 Las investigaciones siguen su curso y no se detendrán.
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Operativos permanentes, riesgo constante
El gobierno municipal mantiene operativos permanentes en las zonas donde esta práctica es más frecuente: Centro Histórico, Chulavista, Volcanes, Juárez, Arena Puebla, Estadio Cuauhtémoc, Feria de Puebla y otras vialidades de alta afluencia.
Las acciones involucran a Movilidad, Infraestructura, Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Normatividad, en un esfuerzo coordinado que, sin embargo, choca con una realidad jurídica compleja.
Por qué no se puede regular
El funcionario fue directo: regularizar a los franeleros no es viable. En administraciones pasadas se intentó formalizar la actividad y el resultado fue una oleada de amparos, que terminó otorgando derechos jurídicos difíciles de revertir y complicó su retiro del espacio público.
Rodríguez reconoció que hay personas que buscan ingresos honestos, pero fue enfático: la violencia, la intimidación y el control ilegal del espacio público no pueden normalizarse.
Cuando documentar la realidad, trabajar en la calle o simplemente estacionarse implica un riesgo, el problema ya dejó de ser administrativo y se volvió social. Puebla enfrenta una encrucijada: ordenar sin criminalizar, proteger el espacio público sin tolerar abusos y, sobre todo, garantizar que la violencia no sea el precio de la convivencia urbana.
Redacción: Puebla En Línea
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