Por Redacción Puebla en Línea
El Ayuntamiento de Puebla se deslindó de la crisis hídrica que atraviesa San Pablo Xochimehuacan, al afirmar que respeta los usos y costumbres de la comunidad y que no intervino en la sustitución del Comité de Agua Potable.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación municipal —a cargo de Francisco Rodríguez Álvarez— aseguró que su papel se ha limitado a ser intermediario y facilitador del diálogo, sin asumir responsabilidad directa en el conflicto que ha dejado a cientos de familias con suministro irregular.
🔹 El conflicto por el Comité de Agua
La tensión aumentó luego de que integrantes de un nuevo Consejo Ciudadano tomaran las oficinas del Comité de Agua Potable, cambiaran las cerraduras y desplazaran al presidente en funciones, Benito Romero Juárez, cuyo periodo legal vence en 2027.
Esto dejó fuera de operación al Comité reconocido legalmente, desatando una lucha por el control del servicio y la recaudación, en una comunidad que ya arrastra una deuda de más de 4 millones de pesos con la CFE desde 2021.
🔹 Deuda millonaria y pozos apagados
Por la falta de pago, la CFE cortó la electricidad a los pozos que abastecen a la comunidad:
- En 2021 suspendió el pozo número 1, el más grande.
- En 2025 desconectó el pozo 3, que daba agua a 10% de usuarios.
Actualmente, solo opera el pozo 2, que abastece al 30% de la población, obligando a muchas familias a pagar hasta 700 pesos por cada pipa.
🔹 Silencio sobre la supuesta promesa municipal
El comunicado municipal no aclaró las declaraciones del presidente auxiliar, Jezrrel Alcalá Romero, quien aseguró que el alcalde José Chedraui Budib se comprometió a liquidar la deuda con recursos del Ayuntamiento.
La crisis en Xochimehuacan refleja la fragilidad de los comités ciudadanos que administran servicios básicos como el agua.
Cuando no hay claridad en las cuentas, las deudas se convierten en castigos colectivos para los habitantes, que terminan pagando dos veces: con recibos atrasados y con pipazos de hasta 700 pesos.
El agua, derecho humano reconocido por ley, se convierte aquí en un privilegio condicionado por la opacidad, los pleitos internos y la indiferencia de las autoridades.
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