La madrugada del 16 de agosto, en la transitada Vía Atlixcáyotl, la vida de Jorge Alberto N., de 52 años, se apagó en un instante tras un brutal accidente. Lo que en un principio parecía un caso más en la larga lista de tragedias viales de Puebla, ahora se ha convertido en un escándalo judicial que pone en entredicho la transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La familia del fallecido salió a desmentir lo que parecía una versión oficial sólida: no existió ningún acuerdo reparatorio con el presunto responsable, Luis Fernando N., quien conducía un Cupra León cuando, según reportes, perdió el control a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, impactando el taxi en el que viajaba Jorge Alberto.
“Jamás nos consultaron”
En entrevista, Baruch Sánchez, hermano del occiso, declaró con firmeza que ni él ni los suyos fueron notificados sobre la audiencia en la que el conductor involucrado obtuvo su libertad.
“El proceso estuvo lleno de irregularidades, jamás nos consultaron ni pactamos nada”, afirmó.
El enojo es entendible: mientras la familia todavía lidia con la pérdida, el hombre señalado como responsable camina libre.
Justicia que tropieza
La familia Sánchez ya anunció que buscará reabrir el caso y exigir que se haga justicia. No solo señalan irregularidades, también ponen el dedo en la llaga: ¿de qué sirve un proceso legal si las víctimas no son tomadas en cuenta?
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Una tragedia que refleja un problema mayor
El caso no es aislado. Puebla, como buena parte del país, vive entre un sistema judicial que a veces parece más eficiente para liberar que para castigar. La pregunta incómoda flota en el aire: ¿la justicia está realmente al alcance de todos, o depende del bolsillo y las influencias de cada quien?
Mientras tanto, Jorge Alberto ya no está. Y lo que su familia pide no es extraordinario: verdad, justicia y que su muerte no quede archivada como un número más en las estadísticas.
✍️ Texto redactado por Redacción Puebla En Línea
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