El caos en Atlixcáyotl y la verdad oculta
Los operativos en contra de transportistas irregulares en Puebla no son producto del azar. La realidad es mucho más oscura: los llamados “taxis pirata” de la agrupación 28 de Octubre operaban bajo un velo de impunidad, pero ahora enfrentan el peso de investigaciones penales por homicidio.
La tensión estalló la mañana del 20 de marzo cuando, en un acto de protesta, miembros de la 28 de Octubre bloquearon por cerca de tres horas la Vía Atlixcáyotl, generando un caos vehicular que afectó a miles de ciudadanos. Sin embargo, lejos de tratarse solo de una manifestación, el trasfondo es un tema de seguridad pública.
Investigaciones por homicidio y la respuesta de las autoridades
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) ha dejado en claro que estos operativos no son ataques arbitrarios contra el gremio, sino acciones fundamentadas en investigaciones penales.
El caso que desató la alerta se remonta al 10 de marzo, cuando un hombre fue asesinado en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla. Las pesquisas llevaron a la SMT a identificar la presunta participación de miembros de la 28 de Octubre, lo que detonó las acciones en su contra.
La petición ciudadana y el respaldo municipal
Ante esta situación, la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, junto con ciudadanos de la comunidad, solicitaron una revisión exhaustiva del funcionamiento de estos taxis irregulares. La preocupación principal radica en la cercanía con zonas como Lomas de Angelópolis, donde la inseguridad ha ido en aumento y la presencia de estos transportistas se considera un riesgo latente para la sociedad.
El intento de establecer acuerdos a través del diálogo se agotó cuando la organización incumplió los compromisos previamente pactados con las autoridades. Por ello, la SMT procedió con el retiro de estos transportes bajo un estricto apego al marco legal.
Transporte seguro para todos
Este caso deja en evidencia un problema latente en muchas ciudades: el crecimiento del transporte irregular sin regulación, que muchas veces esconde actividades delictivas. La seguridad debe ser una prioridad, y es labor de la ciudadanía exigir condiciones de movilidad dignas, libres de riesgos y de operadores fuera de la ley.
La pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde debe llegar la tolerancia antes de tomar acciones definitivas?
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