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Puebla: La ciudad neoliberal y del despojo

Por Gerardo “Huachi” Pérez Muñoz

La ciudad es un espacio político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto. El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, de salud, de educación, cultura, vivienda, recursos simbólicos: participación, acceso a la información, etc.
Jordi Borja
El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto.
David Harvey

Ante la grave problemática socio-ambiental que padecemos bajo el sistema neoliberal, el derecho a la ciudad mantiene su vigencia precisamente porque la intervención urbana del capital financiero ( fibra), la privatización de los servicios públicos urbanos , especulación del suelo urbano, la gentrificación o la degradación ambiental, la privatización de servicios públicos, han profundizado aún más las contradicciones sociales urbanas y cobra gran vigencia el texto clásico del Filósofo francés Henry Lefebvre, sobre el derecho a la ciudad (1967). Frente a éste despojo moderno y contemporáneo, se da también un gran esfuerzo de los habitantes de la ciudad por lograr una mayor participación e injerencia en la vida pública e institucional y en particular, en la definición de políticas públicas urbanas: algunos ejemplos recientes en la ciudad de Puebla, nos dan cuenta de ello. La lucha de l@s compañeros de la 28 de Octubre que defienden su derecho al trabajo, la lucha de las y los compañeros de la Asamblea Social del Agua en contra de la privatización de la misma, la lucha que emprendieron l@s ciudadanos en contra de la privatización del Parque Ecológico, la defensa del bosque de Amalucan y Flor del Bosque, la lucha que mantuvieron un amplio sector de la comunidad cultural y artística en contra del Programa de Artistas Urbanos y más recientemente, la lucha de la población nahua de la Resurrección en defensa de su territorio, o los vecinos de Manzanilla en contra de que la cervecera que se quiere apropiar de su agua y la lucha de los colonos de Tres cerritos contra una obra que va a beneficiar a los residentes de Lomas de Angelópolis; para sólo mencionar unos cuantos casos. Todavía está fresca en la memoria el Decreto aprobado por el H. XLI Congreso del estado el jueves 6 de septiembre de 1962 y publicado el 30 de octubre del mismo año y rubricado por Fausto Manuel Ortega Olazo, gobernador Constitucional del estado, y por el licenciado Alfonso Vélez López, secretario general de Gobierno y que degradó de municipios a Juntas Auxiliares a las siguientes comunidades: San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, La Resurrección y Totimehuacán; los que se anexaron al municipio de Puebla.

Igualmente es importante destacar más recientemente, la lucha ciudadana en contra del proyecto dizque modernizador del Paseo de San Francisco y el Mercado La Victoria; o la lucha de los ejidatarios de San Andrés Cholula en defensa de sus tierras de lo que iba a ser, la reserva territorial Atlixcáyotl, con su gran especulación del suelo actualmente. Tampoco podemos olvidar la destrucción de la casa del Torno, la defensa del Parque Ecológico y su aviario y la ciclovía del Blvd Hermanos Serdán con su tala de árboles. Obras superfluas e infladas como se ha demostrado, ordenadas por su majestad el Virrey Moreno Valle y su cohorte de vasallos que lo acompañaron en su paso por la gubernatura y su gran sueño, hacer de la ciudad de Puebla la gran Rafalandia.

Todo lo antes descrito, hace nugatorio lo asentado en los siguientes artículo de la Carta del Derecho a la Ciudad
ARTICULO XVI. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE
1.Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes.
2.Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos.

Fue el filósofo Henry Lefebvre quién planteó el derecho a la ciudad como una alternativa a la enajenación y a la despolitización que el urbanismo moderno, promovido en general por los Estados modernos, globalizados y neoliberales, que había y han producido la sociedad de masas e hipeconsumista.
El derecho a la ciudad, fue definido por Henri Lefebvre en 1967 como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista
Los primeros que plantean el derecho a l ciudad fueron los miembros de la Coalición Internacional del Hábitat (Habitat International Coalitión), que estableció en 2004 la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad.
Para el urbanista estadounidense Mark Purcell (2007), quienes estudian la ciudad en clave del derecho a la ciudad, sostienen que la reestructuración urbana impulsada por el capitalismo financiero y el modelo neoliberal, al tiempo que han llevado a la privatización de los servicios públicos urbanos, han limitado el acceso ciudadano a las decisiones sobre la ciudad.
El geógrafo marxista David Harvey, introdujo un concepto fundamental para poder entender lo que actualmente está sucediendo en la aldea global: La acumulación por desposesión o despojo
Dicho concepto define en qué consiste y se sustenta el uso y método de la acumulación originaria de capital para mantener la producción y reproducción del sistema capitalista, mercantilizando ámbitos hasta entonces cerrados al mercado. La acumulación por desposesión tiene por objetivo mantener el sistema capitalista actual, repercutiendo en los sectores empobrecidos la crisis de sobreacumulación del capital.
Según David Harvey, define los cambios neoliberales producidos en los países occidentales desde los años de 1970 hasta la actualidad, guiados por cuatro prácticas, principalmente: la privatización, la financiarización, la gestión y manipulación de las crisis y las redistribuciones estatales de la renta. Los cambios se manifiestan, entre otros, en la privatización de empresas y servicios públicos que tienen su raíz en la privatización de la propiedad de los bienes comunes.
En nuestro atribulado país, estado y ciudad, el despojo se ha venido dando tanto en el medio rural como en el medio urbano, así como en las condiciones de precarización de la mercancía fuerza de trabajo y en particular, lo anterior se ve reflejado en los llamados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y en particular, los Ambientales, los famosos DESCA.

 

Segunda parte
“La ciudad global está segregada por clase social y no hay ninguna búsqueda de igualdad, el que pueda pagar se salva y el que no, a la jungla”
Zaida Muxí

ALGUNOS ANTECEDENTES Y LINEAMINETOS DE LA CARTA MUNDIAL DEL DERECHO A LA CIUDAD
La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad es, ante todo, un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas.
En el marco del Seminario Mundial por el Derecho a la Ciudad – Contra la Desigualdad y la Discriminación, realizado durante el Foro Social Mundial del 1 y 4 de febrero de 2002, se abrió un proceso amplio y democrático para lograr la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

El Seminario tuvo la participación de más de 1.800 personas y fue un importante espacio de afirmación del derecho a la ciudad y la reforma urbana por lo que han luchado diversas entidades y organizaciones de la sociedad civil. En particular la brasileña, de redes latinas y organizaciones y coaliciones internacionales.
¿Por qué una Carta Mundial de los Derechos Humanos en la ciudad?.
La Carta se inscribe en el contexto de articulación y unificación de las luchas de actores sociales, organizaciones, movimientos presentes en las ciudades contra la globalización neoliberal
El Derecho a la Ciudad es definida -en sus Disposiciones Generales- como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
En su ARTICULO I. DERECHO A LA CIUDAD 1, dice Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta Carta.
El principal objetivo de la carta ha sido y es constituirse en un documento político referencial para las acciones y luchas de las organizaciones y entidades de la sociedad civil contra la injusticia y discriminación social y territorial. Busca también la construcción de un proceso internacional que luche por su transformación en un instrumento político y legal, en la forma de un tratado internacional de derechos humanos. La forma de tratado permitiría que gobiernos nacionales y locales, organismos internacionales de protección a los derechos humanos (ONU y OEA) asumieran compromisos y obligaciones con la protección del derecho a la ciudad.
Los antecedentes de la carta los podemos rastrear en:
la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint-Denis – Francia, 2000), firmada por más de 400 ciudades europeas;
la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, propuesta por los movimientos sociales reunidos en Porto Alegre (Brasil) en el I Foro Social Mundial (2001);
la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (Canadá, 2006);
la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (México, 2010);
la Carta de Derechos Humanos de Gwangju (Corea del Sur, 2012), pero también del
Foro Social de las Américas, Quito, Julio 2004, Foro Mundial Urbano, Barcelona, Octubre 2004, Foro Social Mundial – Porto Alegre, Enero 2005, Revisión previa a Barcelona, Septiembre 2005

Las dimensiones y los componentes del derecho a la ciudad son:
el derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales, el derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción colectiva), el derecho a vivir dignamente en la ciudad, el derecho a la convivencia, el derecho al gobierno de la ciudad, el derecho a la igualdad de derechos
Y se realiza el derecho a la ciudad cuando hay:
Ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad, igualdad y no discriminación, protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. impulso de la economía solidaria y políticas impositivas progresivas, planificación y gestión social de la ciudad; producción social del hábitat, desarrollo urbano equitativo y sustentable. Derecho a la información pública, libertad, integridad y participación política, derecho a la justicia; derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural, derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos derecho al transporte público y la movilidad urbana, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un medio ambiente sano y sostenible
Me parece relevante también, señalar que para darle seguimiento a la carta, se establecen algunos indicadores del derecho a la ciudad
Para Jordi Borja, el desarrollo y legitimación de los derechos ciudadanos dependerá de un triple proceso:
Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y explicitación de los mismos;
Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de mecanismo y procedimientos que los hagan efectivos;
Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.
El mismo autor afirma y señala que los actores principales de este proceso no son las estructuras políticas tradicionales del estado y los partidos políticos, sino movimientos sociales.

Octubre/2018